Anteayer el consejero delegado del Atlético Miguel Ángel Gil acusó al Madrid de "adulterar la competición" presionando a los árbitros a través de su canal Real Madrid TV. Ayer en los juzgados de la Audiencia Nacional Patricia Pérez, jefa de prensa de la selección femenina, reconocía haber recibido presiones desde la propia Federación para que mintiera diciendo que Jenni Hermoso dio el visto bueno al comunicado sobre el polémico beso de Luis Rubiales. A esa misma hora la Guardia Civil irrumpía en la sede de la Federación Española para realizar un registro por sorpresa. Presión, presión y más presión... El fútbol español es una gran olla a presión que amenaza con reventar esparciendo toda la basura que acumula desde hace años en forma de corrupción, sobornos, chantajes, rencillas personales, clientelismo, falta de transparencia y usos y conductas carentes de ética cuando no directamente ilegales. Urge una catarsis.
La Guardia Civil se tiró más de diez horas en las oficinas del Comité Técnico de Árbitros clonando ordenadores y buscando copias de actas de reuniones porque el juez Joaquín Aguirre no se fía de la Federación en general y de Luis Medina Cantalejo en particular. Lógico. Cuando les requirió documentación para delimitar las competencias de José María Enríquez Negreira como vicepresidente del CTA no encontró demasiada colaboración ni en el presidente de los árbitros ni en el dimitido Rubiales. Ellos sabrán qué tienen que ocultar. Mientras Medina Cantalejo sostiene que Negreira fue una figura decorativa durante los 17 años que estuvo a sueldo del Barcelona a cambio de unos informes que no aparecen por ninguna parte, el instructor del caso Negreira apunta a "una corrupción sistémica del arbitraje español" durante 20 años. Y anuncia que esos pagos de 7,2 millones constituirían un posible delito de cohecho, es decir, de soborno. Que se suman a los de corrupción deportiva en los negocios, falsedad documental y istración desleal.
Esta acusación de cohecho es clave porque desbarajusta la chabacana explicación de Laporta de que no hay pruebas de pagos directos del Barcelona a los árbitros. No hacía falta que Negreira repartiera sobres con billetes de 500 entre ellos, simplemente con extender la certeza de que quien no tratase bien al Barça cuando le arbitrase vería cortada su proyección internacional, no pitaría partidos grandes o incluso podría perder la categoría era suficiente. Eso suponía mucho más que 500 ó 1.000 euros. Es lo que algún ex colegiado que se ha atrevido a romper la 'omertá' que impera en el colectivo arbitral ha definido como el 'índice corruptor' (en vez de índice corrector), que aplicaba Negreira manipulando las clasificaciones y puntuales arbitrales para favorecer o castigar a los colegiados en función de que siguieran o no sus recomendaciones de 'cariño' al Barcelona. Es el mayor escándalo en la historia del fútbol español. Y por desgracia hay muchos donde elegir.