España ha establecido una normativa rigurosa para el uso de drones con el objetivo de garantizar la seguridad aérea y la protección de la privacidad. A partir del 1 de septiembre de 2024, cualquier persona que opere un dron en el país deberá cumplir una serie de requisitos estrictos para evitar sanciones que pueden llegar hasta los 225.000 euros.
Las nuevas regulaciones, implementadas por la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), exigen que todos los pilotos de drones se registren y obtengan una licencia específica, además de cumplir con una serie de normas técnicas y de operación.
¿Qué exigencias se piden para poder hacer volar un dron?
Entre las principales exigencias se incluyen la prohibición de volar drones en zonas urbanas sin autorización previa, restricciones sobre el peso y las características técnicas de los drones, y la obligación de mantener una distancia segura de personas y propiedades privadas. Además, se impuso la edad mínima para hacer volar uno, de 12 a 14 años, según el tipo de aparato.
Además, los operadores deben seguir las directrices sobre la altitud máxima permitida (120 metros) y respetar las zonas restringidas, como aeropuertos y áreas militares, además de no poder separarse a más de 500 metros de él. La normativa también establece medidas para proteger la privacidad de las personas, prohibiendo la captura de imágenes en lugares donde se pueda infringir el derecho a la intimidad.
Las multas por el incumplimiento de estas reglas varían en función de la gravedad de la infracción. Las sanciones menores, como volar un dron sin licencia, pueden costar entre 1.000 y 10.000 euros, mientras que las infracciones graves, como volar en zonas restringidas o realizar vuelos peligrosos, pueden llevar a multas que ascienden hasta 225.000 euros. En casos de infracciones muy graves, también se pueden imponer sanciones adicionales, incluyendo la confiscación del equipo.
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