- Crisis Salvador Illa defiende la financiación singular y la capacidad de Cataluña "para mejorar España"
Este 1 de octubre de 2024 se cumplen nada menos que siete años de uno de los momentos más grises de la historia reciente de España. En 2017, tras años de crispación y tensión entre Cataluña y el Gobierno central, entonces en manos del Partido Popular de Mariano Rajoy, los independentistas convocaron un referéndum ilegal que llenó de violencia y cargas policiales cada colegio electoral.
La situación derivó en que el Estado tomara medidas excepcionales, como asumir el control de Cataluña por medio de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Puigdemont huyó a Bélgica junto con Lluís Puig, Meritxell Serret y Toni Comín. Mientras, Clara Ponsatí lo hizo a Escocia.
La mayoría de implicados acabaron pasando por la cárcel, acusados de delitos de terrorismo, malversación, cohecho o incitación a la violencia, entre otros. Lo cierto es que siete años después, el panorama es totalmente opuesto al que muchos esperaban dada aquella tensión de 2017.
Los independentistas pierden terreno en Cataluña
Con la entrada de Pedro Sánchez y el PSOE en el Ejecutivo tras una moción de censura a Rajoy y la posterior victoria en las elecciones, poco a poco los discursos soberanistas fueron ganando terreno en Cataluña. Tanto es así que incluso Salvador Illa fue el último vencedor de los comicios catalanes el pasado mes de marzo, lo que ha permitido al PSC asumir el liderazgo de la Generalitat.
Eso sí, hasta llegar a ese momento, ha habido muchas otras situaciones que han enfrentado a los españoles respecto a Cataluña. La primera y principal es, por supuesto, la decisión de Sánchez de amnistiar a los líderes independentistas, salvo Puigdemont, quien todavía sigue siendo un prófugo de la justicia española. La ley entró en vigor el pasado 11 de junio tras ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero dejaba fuera la malversación, algo que corroboró el pasado mes de agosto el Tribunal Supremo.
Con la victoria del PSC el pasado mayo llegó un nuevo momento de cruce de reproches y tensión entre la izquierda y la derecha española. Para evitar la repetición de los comicios, se negoció con ERC una serie de medidas con el objetivo de contentar a los independentistas y así que la formación de Illa pudiera mantener el poder. Esto derivó en la financiación singular de la comunidad, con el rechazo absoluto de los presidentes autonómicos del PP y del propio García-Page del PSOE en Castilla-La Mancha.
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