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El novio de Ayuso demanda a la ministra Montero ante el Tribunal Supremo

La historia viene de meses atrás tras unas declaraciones de la vicepresidenta

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La posible corrupción que salpica a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido uno de los temas relacionados con la política nacional más comentados en los últimos meses. Las acusaciones por parte del Partido Socialista hacia la lideresa madrileña se han repetido durante todo este tiempo, por lo que se han tomado medidas al respecto.

Alberto González Amador, el protagonista de esta historia, ha demandado a María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, según ha adelantado El Confidencial. Una denuncia que ha presentado en el Tribunal Supremo por intromisión ilegítima en su derecho al honor. La cuantía que pide la parte del novio de Ayuso asciende a los 40.000 euros.

El novio de Ayuso demanda a la ministra Montero ante el Tribunal Supremo

Una información que también ha sido confirmada por la agencia EFE, que ha señalado que esta decisión ha sido tomada tras la incomparecencia de la política socialista al acto de conciliación entre ambas partes después de una primera demanda tras unas declaraciones de la ministra, en las que valoró el presunto delito fiscal de Alberto González. La convocatoria se produjo en el Juzgado de Primera Instancia número 49 de Madrid, aunque Montero no apareció por la sala.

Montero: “Ayuso podría estar viviendo en un piso que se pagó con fraude”

Según las fuentes jurídicas de los citados medios, las declaraciones denunciadas de la socialista tienen como fecha el 12 de marzo y el 3, 23 y 24 octubre de este 2024. En las de hace ocho meses, la ministra aseguró que Ayuso podría “estar viviendo en un piso que se pagó con fraude”. Esas palabras fueron el detonante para una denuncia por intromisión al honor y por revelación de secretos.

El novio de Ayuso demanda a la ministra Montero ante el Tribunal Supremo

Posteriormente, María Jesús Montero ha vuelto a hablar en los mismos términos sobre la figura de Alberto González Amador, que todavía no ha sido condenado por ningún delito fiscal y, por lo tanto, tiene que prevalecer su presunción de inocencia.

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