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El fiscal especial de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha enviado hoy un mensaje claro a los s de vehículos de movilidad personal (VMP): "He enviado una instrucción esta mañana para tratar de conseguir que cumplan la legalidad", ha asegurado.
Esa instrucción de la Fiscalía anima a las policías locales y a las demás fiscalías a aumentar los controles de alcohol y drogas en las ciudades a los s de estos vehículos que, además, serán castigados duramente si dan positivo: "Vamos a incluir como delitos de los artículos 379 y siguientes del Código Penal", ha asegurado Vargas. Es decir, recibirán el mismo trato que un conductor de un vehículo a motor comete cuando circula bajo los efectos de psicotrópicos.
Hasta 9 años de prisión por homicidio involuntario
"Es necesario y bueno que los ciudadanos sepan que se están efectuando estos controles", añadió Vargas, que recordó también que "cuando se produce el accidente originado por la bicicleta o el VMP, se puede cometer un posible delito de homicidio involuntario que puede llevar una pena de 1 a 9 años de prisión en función de la gravedad del accidente".
Vargas fue rotundo al explicar que "hay muchas bicicletas y patinetes que son vehículos a motor. Es bueno para la sostenibilidad pero se están incumpliendo las normas que generan incertidumbre en la ciudadanía. No hay sostenibilidad si no se respetan las normas viales. Ciclistas que se saltan semáforos o uno que va en VMP por la acera y puede atropellar a alguien generan una perturbación en la convivencia".
Por eso, también se perseguirá a los vehículos ilegales: "Hemos mandado una instrucción a todas las policías urbanas del país para que vigilen que dentro de los VMP hay ciclomotores que no están homologados como estos últimos, y son un fraude de ley porque eluden el permiso de circulación", dijo Vargas.
El fiscal especial para Seguridad Vial no evitó hablar de los ciclistas: "Los policías deberán supervisar con mayor rigor a los ciclistas; para la inmovilización, retirada y depósito de su bicicleta no va a ser necesario que esperen a que se produzca el delito lesivo". De este modo, se podrán requisar dichos vehículos antes de que se produzca un atropello.
Seguro obligatorio
Uno de los temas más polémicos respecto a los VMP, la obligatoriedad de contar con un seguro, también fue objeto de reflexión por parte del fiscal Vargas: "Hay una clara irresponsabilidad de los ciclistas y de los VMP de ir sin seguro. Causan un daño del que no pueden responder. Imaginemos una lesión medular, hablamos de un gasto de dos millones que paga la víctima. La Fiscalía va a tener en cuenta eso en cuanto a las penas", dijo Vargas.
Se va a estudiar la obligatoriedad de un seguro para aquellos VMP no homologados y que son verdaderos ciclomotores. En definitiva, se trata de promover coberturas para las víctimas. "Estamos teniendo os con las aseguradoras, buscamos fórmulas de cobertura legal. Sería lo deseable que todos estos vehículos estuvieran asegurados", según el Fiscal especial de Seguridad Vial.
Vargas garantizó que se va a estrechar la vigilancia sobre productos no homologados que puedan estar a la venta incluso en grandes superficies y extendió esta medida también a las alquiladoras."Las empresas se tienen que someter a la legislación, incluidas las app a través de las que se pueden reservar VMP. Apuntamos la posibilidad de que la empresa que alquila o ceda pueda ser responsable civil subsidiario como ocurre cuando es el Ayuntamiento el que alquila la bicicleta o el patinete", dijo Vargas.
Educación vial y casco
Aunque no hay cifras concretas de siniestralidad con este tipo de vehículos (a finales de año se presentará un estudio detallado), sí están aumentando de forma progresiva las infracciones y atropellos en las grandes ciudades. Según Vargas, la estrategia también seguirá girando en torno a la educación. "Si el ha hecho un curso de Seguridad Vial antes de cometer un atropello en un VMP se tendrá en cuenta como atenuante a la hora de la pena sentenciada".
En cuanto a la obligatoriedad del casco, la Fiscalía está a favor de cualquier medida que proteja a los vulnerables. Pero sobre su aprobación final o no, Vargas comentó que la institución que representa "respeta la tramitación parlamentaria del nuevo reglamento de circulación", en el que se introducirá dicha obligatoriedad.
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