Uno de los principales problemas que tiene nuestro país desde hace unos cuantos años es el de la vivienda. Por un lado, la dificultad de poder encontrar un piso a un precio razonable ya sea para compra o alquiler y, por otro lado, el fenómeno de la ocupación. Ambos se han convertido en verdaderos quebraderos de cabeza para muchos españoles que no saben cómo independizarse de sus padres, o tener un lugar donde vivir sin tener que pasar penurias económicas.
De hecho, la okupación es un problema si leemos los datos que proporciona el Ministerio del Interior, donde se ve un crecimiento exponencial año a año. Si en 2016 eran unos 10.000 casos, en 2023 esas cifras se elevaron hasta las 16.000 viviendas okupadas en nuestro país y por comunidades es Cataluña la que tiene un mayor número de casos, con el 40% del total.
El increíble caso de okupación en Girona
Uno de los casos de ocupación que han dejado perplejo a más de uno es el que se ha producido en Girona. Tanto Jordi Riera como su familia se han quedado en una situación desesperada y de indefensión después de la ocupación de su vivienda. Tal y como relata el propietario, todo arrancó cuando estaban dentro del piso, que había estado desocupado pero tenía signos de una ocupación previa, como por ejemplo un daño en uno de los tabiques que había sido reconstruido en un intento de usurpación anterior.
Fue en ese momento en el que un grupo de personas intentó entrar en la vivienda y, aunque lograron impedirlo, los asaltantes insultaron y amenazaron al propietario, lo que llevó a Jordi a llamar al 112 y a la Policía. Fueron los agentes los que permitieron la entrada al inmueble de los okupas que, una vez dentro, empezaron a aplaudir de manera provocadora y humillando a los propietarios.
Es más, la única prueba que mostraron a los agentes para justificar que la vivienda la estaban okupando ellos es la de un video en la que aparecían cocinando con unas ollas. Una circunstancia que contrasta en su confesión de haber okupado la vivienda, de que no tuvieran un contrato de arrendamiento, no fue ápice para que la Policía informase a Jordi, el propietario, de que tenían las de perder en un caso de 'violación domiciliaria' y que incluso podían ser detenidos.
Los okupas, identificados por la Policía siendo algunos portadores de pasaportes marroquíes, se quedaron en el domicilio y, según relataron algunos vecinos, escucharon golpes durante la noche y derrumbes dentro de la vivienda, lo que incrementó la preocupación por el estado del inmueble. “Nos han informado de que incluso ha entrado más gente. Ahora mismo, desconocemos qué está ocurriendo dentro de nuestra propiedad”, declaró Riera.
Muchos obstáculos burocráticos
Desde ese momento, Riera y su familia empezaron un proceso complejo y lento: “Han pasado 24 horas y el juzgado aún no ha recibido el atestado policial", afirmó. “Nos dijeron que el atestado sería remitido a los Mossos, pero que estos solo llevan los casos de ocupaciones a los juzgados los miércoles”, añadió Riera.
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