El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha explicado este miércoles que un "error de coordinación" con la Dirección General de Tráfico (DGT) ha derivado en la imposición de "una serie de multas" a vehículos históricos de la ciudad, una situación por la que ha pedido disculpas y que ya se está subsanando. "No se van a imponer esas sanciones", ha asegurado el regidor.
El delegado de Movilidad, Borja Carabante, se reunió a finales de enero con una delegación de la Federación Española de Vehículos Antiguos (FEVA) para tratar, principalmente, las sanciones que se están produciendo en vehículos históricos que circulan por Madrid, unos coches que sí que pueden circular por las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).
Incompatibilidad de sistemas informáticos
Preguntado al respecto, Almeida ha reconocido que se ha cometido "un error de coordinación con la Dirección General de Tráfico" (al parecer una incompatibilidad de los sistemas informáticos de ambos organismos), que es "a quien le corresponde declarar la condición de vehículo histórico".
Almeida ha tenido que salir al paso de las peticiones de los propietarios de vehículos históricos.Daniel GonzalezEFE
"Como consecuencia de ese error de coordinación se han impuesto una serie de multas que no se deberían haber impuesto. Por eso, en política es importante pedir disculpas cuando se comete un error, y aún más importante rectificar, que es lo que va a hacer este Ayuntamiento", ha agregado el primer edil de la capital.
En este sentido, Almeida ha asegurado que "no se van a imponer esas sanciones y vamos a trabajar con la DGT para que ese tipo de situaciones no se vuelvan a producir y no causemos perjuicios".
Con licencia para circular
Una de las grandes ventajas de los vehículos históricos matriculados en Madrid (aquellos con más de 30 años desde su primera matriculación) es que puede circular libremente por las zonas restringidas de la capital, incluidas las de Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (el antiguo Madrid Central y Plaza Elíptica).
Una prerrogativa que se repite en general por más ciudades españolas pero que en última instancia depende de la normativa municipal que emana de cada Ayuntamiento (como sucede también, por ejemplo, con las zonas de estacionamiento regulado, cuyas normas son diferentes entre ciudades).
