Tras haberlo aprobado el Parlamento Europeo, todos los ciudadanos del continente que compren nuevos móviles, tabletas y cámaras podrán cargar esos dispositivos con un cargador único de tipo C. A partir de la primavera de 2026, la obligación se extenderá a los ordenadores portátiles. El pleno ha aprobado este martes la nueva legislación con 602 votos a favor, 13 en contra y 8 abstenciones.
Esta medida es muy buena porque así ya no será necesario un cargador diferente para cada dispositivo nuevo, y todos tendrán la misma velocidad de carga. Independientemente del fabricante, la obligación se aplicará a todos los teléfonos móviles, las tabletas, las cámaras digitales, los auriculares, los libros electrónicos, los teclados y los ratones, así como las consolas de videojuegos, altavoces, sistemas de navegación y ordenadores portátiles.
Desarrollar la innovación tecnológica
Ante el avance de la carga inalámbrica, la Comisión Europea tendrá que armonizar los requisitos de interoperabilidad para finales de 2024 y evitar así un perjuicio a los consumidores y al medio ambiente.
Mejor información de los cargadores para los consumidores
Los dispositivos deberán venir con etiquetas explicativas sobre sus características de carga, para permitir a los consumidores comprobar fácilmente si los cargadores que ya tienen son compatibles y decidir si, al adquirir un nuevo producto, quieren o no cargador.
Declaración del ponente
Alex Agius Saliba de Malta ha declarado: "El cargador único será por fin una realidad en Europa. Hemos esperado más de diez años para esta ley, pero la plétora de cargadores actuales será pronto cosa del pasado. La normativa permite el desarrollo de soluciones de carga innovadoras y beneficiará a todos, desde los consumidores, hartos de cambiar de cargador, al medio ambiente. Es un tiempo complicado para la política, pero hemos demostrado que la UE no se ha quedado sin ideas ni soluciones para mejorar las vidas de millones de europeos y animar a otras regiones a hacer lo propio".
Lo que sucederá próximamente
El Consejo deberá aprobar formalmente la Directiva antes de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Entrará en vigor veinte días después de su publicación. Los Estados dispondrán de doce meses para reflejar las nuevas normas en su legislación y de otros doce meses más para empezar a aplicarlas, según indica la web del Parlamento Europeo.
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