La acusación popular ha solicitado una pena de tres años de prisión para David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el procedimiento judicial abierto en su contra por presuntos delitos continuados de tráfico de influencias, prevaricación istrativa y nombramiento ilegal.
El escrito ha sido presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, que instruye el caso bajo la dirección de la jueza Beatriz Biedma.
Además de la pena de prisión, la acusación solicita que David Sánchezreintegre a la istración pública todos los salarios que ha percibido en el ejercicio de su cargo desde junio de 2017 hasta febrero de 2025, al considerar que su nombramiento fue irregular y que su desempeño profesional se vio favorecido por su parentesco con el jefe del Ejecutivo.
En el escrito de apertura de juicio oral, al que ha tenido la agencia EFE, también se solicita sentar en el banquillo a otras diez personas, entre ellas Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz. Todos ellos fueron procesados el pasado 28 de abril por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
Detalles de las acusaciones
El delito de tráfico de influencias hace referencia al presunto uso de su posición personal y familiar para obtener beneficios profesionales indebidos, tanto para sí mismo como para terceros, dentro del ámbito institucional de la Diputación.
La acusación popular sostiene que David Sánchez habría influido de forma irregular en procesos istrativos, incluidos nombramientos y decisiones contractuales, valiéndose de su relación con altos cargos políticos.
En cuanto a la prevaricación istrativa, se le atribuye la toma de decisiones manifiestamente contrarias a la legalidad, con pleno conocimiento de su arbitrariedad. Este delito suele implicar que una autoridad o funcionario dicte una resolución injusta a sabiendas, en este caso en el marco de su actuación en la institución provincial.
Por último, el cargo de nombramiento ilegal se refiere a la presunta designación de personas para cargos públicos sin cumplir con los requisitos legales o el procedimiento establecido, lo que habría vulnerado los principios de mérito, capacidad y publicidad que rigen el a la función pública.
De confirmarse estos hechos en juicio, podrían tener consecuencias judiciales y políticas de calado, no solo para los acusados, sino también por su posible impacto institucional dada la relación familiar entre David Sánchez y el presidente del Gobierno.
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